Hace casi tres años publiqué en otro medio "on line" el siguiente artículo, que hoy añado a mi blog personal, para que persista como documentación para el análisis de este problema en internet y en memoria de dos nuevos casos que ha habido de este controvertido asunto en el último més en la sanidad andaluza.

Si alguien te apunta con una pistola quizás no sea el mejor momento para mostrar compasión y amor. Pero si alguien se acerca con amor y cariño tampoco es bueno apuntarle con una pistola. Es una forma simple de decir que el papel de la educación en la sociedad es construir formas de humanizar los comportamientos sociales adecuándolos a las circunstancias, de modo que se elija la opción adecuada en cada ocasión para mantener la armonía de las relaciones”, reconocía a prensa especializada española Antonio Damasio, de la Universidad de Iowa.

Partiendo de la clasificación de los seres humanos, en cuanto a su actitud de servicio, en empáticos y controladores González de Rivera, catedrático de Psiquiatría, escribía un artículo sugiriendo que “los rasgos empáticos de personalidad, tales como la sensibilidad, la compasión del sufrimiento ajeno e interés por el desarrollo y bienestar de los demás, predominan entre los médicos asistenciales, ya que, entre otras razones, son un determinante natural de su elección profesional. Los rasgos controladores tales como dogmático, incisivo, crítico e inflexible predominan entre los burócratas y personal directivo, ya que estos rasgos llevan naturalmente a evitar la relación con el enfermo y a dedicarse a la gestión, control y optimización de recursos. En estas condiciones, la relación de gestión, control y optimización puede fácilmente pervertirse hacia conductas de acoso, por cuanto los burócratas directivos dosifican la relación médico-enfermo, y pueden interpretar algunas actividades empáticas de los médicos asistenciales como un reto o amenaza contra su poder” (en DM del 18- VII-2000).

Al médico se le pide cada vez más cantidad de trabajo, muchas veces a costa de la calidad; la autonomía se resquebraja cuando se sabe que los gerentes o superiores quieren que se cumplan sus órdenes aunque sean absurdas (deben ser muy satisfactorio para su ego) y el apoyo social brilla por su ausencia. Con este panorama no es de extrañar que se constate una perversión del sistema, que se puede traducir en acoso (tanto horizontal como vertical) y en burnout, que es simplemente un mecanismo patológico de defensa ante el sufrimiento laboral.

Podríamos enumerar a manera de tentativa de estudio que el origen de la violencia en el sistema sanitario público se puede determinar a partir de múltiples situaciones:

* Un demagógicamente reconocido derecho a la salud, como si ésta fuera sistemáticamente posible. A ello ayuda subliminalmente el hecho de que existan “Centros de Salud” –antiguamente “Consultorios de Enfermedad”-, como si en ellos se repartiera “salud a granel y a coste cero”. Y ésta es la percepción que se tiene: que el acceso es ilimitado y no tiene coste.

* Una actitud social, que ha virado en los últimos años, de planteamientos de sumisión como el “Ruega a usted se sirva conceder…” que aparecía en las fórmulas utilizadas en las Instancias Oficiales, o “solicitar respetuosamente…”, a pedir sin más. Y más recientemente “exigir” al estilo de algunas campañas publicitarias -”en materia de…yo siempre exijo lo mejor”-. Es congruente con la paulatina desaparición de nuestro lenguaje habitual de expresiones como “por favor” y “gracias”.

* La actitud de exigir ya supone un cierto nivel de agresividad, que se incrementa por el hecho de hacerlo “aquí y ahora mismo”.

* La ausencia efectiva de obligaciones paralelas al mal ejercicio del derecho en un servicio público como el sanitario, que crean la percepción de impunidad, de que “sale gratis” comportarse de forma violenta.

* El efecto llamada que las actitudes violentas tiene sobre otras personas: si mediante la violencia alguien obtiene ventaja (recetas, partes de baja, derivaciones al especialista…), ineludiblemente otros tratarán de imitarlo para conseguir el mismo beneficio.

* La violencia sufrida por un sanitario tiene el efecto de ser ejercida sobre todo el sistema, lo que, además, constituye una merma de la calidad de asistencia.

* Los pacientes presentes en el centro sanitario en ese momento también se sienten agredidos y violentados en el ejercicio de su derecho a tener una asistencia sanitaria.

* El profesional agredido pierde en ese momento su concentración, su predisposición positiva hacia la realización de sus funciones y comienza a recorrer el camino del síndrome del quemado.

* Las agresiones físicas o verbales, las coacciones, las amenazas y cualquier tipo de vejación sufridas con motivo del desempeño de la profesión sanitaria cumplen todos los criterios de riesgo laboral y como tal deben ser consideradas.

A tenor de lo expuesto podemos afirmar que los responsables empresariales de la prestación del servicio deben facilitar todos los medios necesarios para evitar, o cuando menos minimizar, tales riesgos, lo que significa elaborar y poner en marcha planes rigurosos de seguridad laboral. Las consecuencias derivadas de la concreción de tales riesgos (no sólo las lesiones, sino las secuelas físicas y psicológicas) deben ser consideradas como enfermedades profesionales.

Y ante estos hechos resulta injustificable la pasividad de las instancias judiciales y policiales, la de las Administraciones Sanitarias y la de los políticos en general. Da la impresión de que sólo se tomarán en serio el problema cuando se produzca algún daño personal irreparable. Esta falta de pautas definidas de actuación institucional ante las agresiones de cualquier tipo da lugar además a situaciones humillantes para los profesionales, que tienen que seguir prestando sus servicios a los agresores como si nada hubiera sucedido, lo que incrementa la sensación de impunidad de aquellos, a un acoso laboral (tanto horizontal como vertical) que quema profesionales como -cartuchos de fogueo- y que genera el llamado , que es simplemente un mecanismo patológico de defensa ante el sufrimiento laboral. Se da el caso de que cuando ante una agresión sufrida el médico reclama ante el administrador, éste no hace caso o le resulta divertido, y ni hablar de responder al insulto, porque hasta puede resultar un motivo sancionador.

Los profesionales sanitarios estamos indefensos ante la agresión y a diferencia de los funcionarios y administradores de un servicio público no tenemos cobertura legal. Los médicos deben ser considerados a todos los efectos como agentes de la autoridad (art. 550 del C.P.), como las fuerzas de seguridad o los empleados de los transportes públicos, lo cual garantizará una cierta protección legal y la aplicación de sanciones específicas para quienes les agredan en el desempeño de sus funciones. Del mismo modo que la mala utilización de otros servicios públicos conlleva sanciones (viajar sin billete en autobús, retirada de un permiso administrativo incluso cuando la infracción no ha generado daños, retirada del Permiso de Conducir por exceso de velocidad aunque no haya habido accidente...), parece razonable que el Estado ponga en marcha sanciones contra quienes perturban de este modo el funcionamiento de un servicio esencial como el sanitario. De ser así la sanción tendría un efecto disuasivo y reduciría la cantidad de agresiones. Las sanciones, independientes de las actuaciones judiciales que se lleven a cabo, deben ser inmediatas y automáticas para que su efecto sea completo. Pueden incluir medidas como el traslado del agresor a otro centro sanitario para seguir recibiendo asistencia y del trabajador para que pueda seguir prestándola con seguridad.

“Toda colectividad pública tiene la obligación de proteger a sus trabajadores contra las amenazas, violencias, injurias, difamaciones o ultrajes de los que puede ser víctima a causa de su trabajo y tiene el deber de reparar los perjuicios ocasionados”, reconoce el gobierno francés que elaboró una circular (circulaire DHOS/P nº 2000-609 du 15 décembre 2000 relative à la prévention et à l´accompagnement des situations de violence) que obliga a todos los centros sanitarios a poner en marcha de manera inmediata planes de análisis y prevención contra todas las situaciones de violencia que se pueden producir.