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De nuevo la lucha política por el dichoso tabaco, todo el mundo está interesado en coordinar nuestros vicios o aficiones, nadie parece respetar el libre alvedrio y como parece ser que en la desaveniencia hay ganancia política, pues son ahora las comunidades autónomas, comenzando por la de Madrid, las que tienen algo que decir, nosotros aquí en Andalucía siempre somos los primeros, para eso somos campo de conejillos de indias, globos sonda, etc... Ya sabeis a que me refiero.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se rebela contra la legislación antitabaco metiéndole un dedo (el reglamento) en el ojo (la ley) a la ministra de Sanidad. Hace oposición al Gobierno Zapatero desde su autonomía, como la hicieron Chaves y Rodríguez Ibarra al Gobierno Aznar desde las suyas en la legislatura anterior. Donde las dan las toman, pues.

Mientras, aquí abajo, la Junta ha sufrido un traspié en su larga marcha contra la industria tabaquera, iniciada hace cuatro años con la famosa demanda que reclamaba a seis compañías 1,7 millones de euros por los gastos de atención prestados a 135 pacientes que, por culpa del maldito fumeque, habían desarrollado cáncer de pulmón, cardiopatía isquémica u obstrucción pulmonar. La demanda estaba bien fundada, sobre todo por la detección en los cigarrillos de sustancias no declaradas por los fabricantes que incrementaban –e incrementan– la adicción de los fumadores.

Pero el traspié también parece justificado. Se lo ha hecho dar a la Junta la Audiencia de Madrid, cerrándole las puertas a la vía civil y remitiéndola a la jusrisdicción contencioso-administrativa al incluir al Estado entre los demandados, según solicitaron las tabaqueras. Nada más lógico, puesto que el Estado regula la producción y distribución de tabaco, que se vende mediante concesión estatal a los estanqueros, y obtiene de la venta unos sustanciosos ingresos, notablemente aumentados en los últimos tiempos a consecuencia de la cruzada antitabaco del actual Gobierno. El tabaco es también un negocio para el Estado. Librar a éste de su responsabilidad hubiera sido hipócrita. Eso habrá pensado la Audiencia de Madrid.

La Junta, sin embargo, no se arredra. Si hay que ir también contra el Estado, se va, ha anunciado, extendiendo la demanda al Estado. Vale, aunque ya no está Aznar en la Moncloa, sino Zapatero, y aunque la Junta sea capaz de ir a los tribunales a pedir indemnizaciones para el Servicio Andaluz de Salud y de ir a Bruselas a pedir subvenciones para los cultivadores de tabaco de la provincia de Granada. ¿Creen que son demasiadas contradicciones e hipocresía? Pues se equivocan. Hay otra más, muy notable, en la que nadie ha reparado: no sólo la Junta va contra el Estado siendo una institución del Estado, sino que, según el sistema de financiación autonómica vigente desde 2001, la Junta recibe el 40% de lo que recauda la Hacienda estatal por la venta de cigarrillos y cigarros en Andalucía.

A esto se le llama sorber y soplar al mismo tiempo, algo que creíamos imposible hasta que el Gobierno andaluz nos ha demostrado lo contrario. La Junta se demanda a sí misma. Es la parte demandante y forma parte de la parte demandada (puro Groucho Marx). Si los tribunales le dan la razón y condenan al Estado, la Junta tendrá que indemnizarse a sí misma en función de ese 40% que saca del tabaco que tanto detesta.

F. Romero