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EL artículo 43 de la Constitución establece el derecho a la protección de la salud y dispone que los poderes públicos deberán organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. A su vez, el artículo 41 hace referencia al régimen público de la Seguridad Social, que debe garantizar la asistencia precisa para todos. A diferencia de los debates sobre identidades y repartos de poder, que sólo interesan a la clase política, estas cuestiones importan mucho a la inmensa mayoría de los ciudadanos. La prestación de servicios públicos en condiciones de calidad suficiente, de acuerdo con los principios de eficacia y eficiencia, es un requisito inexcusable en el Estado de Bienestar. Dichas prestaciones no son producto de la benevolencia del Gobierno de turno, sino que la sociedad financia buena parte de los servicios que recibe a través de los impuestos y demás tributos, y tiene derecho por tanto a reclamar una gestión a la altura de las circunstancias. Sin embargo, ni siquiera la economía más desarrollada del mundo podría asumir el coste íntegro de una atención de máxima calidad para todo tipo de beneficiarios. El Estado social de Derecho tiene sus limitaciones económicas, y a ellas debe atenerse una ordenación racional del gasto público.

Según los datos aportados por el Ministerio de Sanidad referidos a 2004 -que hoy recoge ABC-, el coste medio de la hospitalización supera los 3.300 euros por paciente, con una estancia de más de siete días en los hospitales públicos. En el 36,6 por ciento de los casos, se producen intervenciones quirúrgicas, siendo la cesárea la más común entre las mismas. Estas cifras dan motivo a una seria reflexión. Como es sabido, se trata de una materia transferida a las comunidades autónomas, cuyo déficit sanitario ha alcanzado límites insostenibles y forzado una importante aportación del Estado, conforme al acuerdo que se alcanzó en la última conferencia de los presidentes autonómicos con el presidente del Gobierno. El Estado tiene el deber de garantizar unos mínimos que mantengan la igualdad entre todos los españoles, pero las comunidades autónomas son responsables de sus propias competencias y deben asumir el coste de la mejora de los servicios a través de cargas tributarias propias o de alguna fórmula de «copago» que -aunque impopular- podría estar justificada en determinados supuestos. Lo que no es aceptable es gastar de forma inmoderada y exigir luego que alguien venga a pagar la factura. Así pues, deben establecerse mecanismos que hagan viable la sostenibilidad del sistema en un ejercicio de responsabilidad de cada administración territorial, imprescindible para el buen funcionamiento de un Estado complejo.

Una planificación adecuada de las necesidades y un aprovechamiento correcto de los medios disponibles son principios elementales para una buena administración. Sin embargo, la impresión es que se improvisa con demasiada frecuencia, pensando sólo en el corto plazo y prometiendo lo que no se puede cumplir. La experiencia demuestra que el personal sanitario en sus diversos niveles trabaja en condiciones que no son óptimas y que los recursos materiales (algunos muy costosos en su adquisición y en su mantenimiento) no siempre se utilizan a pleno rendimiento. El Ministerio carece de competencias directas, pero dispone de mecanismos legales para coordinar actuaciones y puede influir a través de las conferencias sectoriales para exigir unas pautas de eficacia administrativa que tranquilicen a los ciudadanos sobre el uso que se hace de su dinero y sobre lo que pueden esperar de la sanidad pública cuando necesiten hacer uso de sus prestaciones. Distinguir entre lo fundamental y lo accesorio, rebajar el tiempo de las listas de espera y mejorar la calidad de la atención preventiva son elementos que podrían ahorrar tiempo y dinero en beneficio de todos, lo mismo que una mejora de la atención primaria. Los poderes públicos deben emplear la parte más valiosa de su tiempo en mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, porque, cuanto más madura es una sociedad, más exigente se muestra con la capacidad de gestión de sus políticos.

Pero, la cuestión es...., ¿se está gestionando y a su vez gastando con la miras puestas en un fin social, o es un fin político el que se persigue?. No hay que olvidar, que hoy por hoy, y lo sabemos muy bien en Andalucía, el gobierno estatal, lo primero que hizo al llegar a nuestra comunidad, fue politizar la sanidad, como un medio más para perpetuarse en el poder, y llevamos así más de un cuarto de siglo.

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