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Gaceta Médica. Madrid. 05/05/06

La mecha estaba prendida desde hace muchos meses. Se incendió justo cuando varias comunidades decidieron jubilar de forma forzosa a los médicos mayores de 65 años y cuando el ministerio empezó a hacer oídos sordos a las quejas que le llegaban de los residentes. Sin embargo, la Administración actuó con la estulticia que suele caracterizarle y se negó a aceptar la evidencia. Las mentes bienpensantes de Sanidad y de las consejerías y varios sesudos directores generales de recursos humanos creyeron que las organizaciones médicas carecían de poder para movilizar los hospitales y centros de salud, y que los médicos de urgencias, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) o la Asociación Española de Médicos Internos Residentes (Aemir), por poner sólo algunos ejemplos, actuaban como meras plañideras sin capacidad real para mover los resortes anímicos de sus compañeros de profesión. Hoy, comienzan a darse cuenta de que se equivocaban.

La bomba en forma de huelga que estalló en Cataluña contra los desatinos de Marina Geli puede extenderse de golpe a otras autonomías, como preludio de una gran movilización médica de rechazo a la política sanitaria que se aplica en el conjunto del país. Tal es el estado de alarma generado por dicha posibilidad, que las llamadas telefónicas entre las consejerías, el ministerio y los hospitales se suceden, y unos y otros se miran incrédulos ante la que puede avecinárseles a menos de dos años de las elecciones generales. La pólvora que ha prendido en Cataluña está a punto de extenderse también a Andalucía, las dos Castillas, Valencia y Galicia. Los que pensaban erróneamente —sobre todo el ministerio— que las protestas de CESM no enmascaraban más que un ataque al PSOE auspiciado por el PP se equivocaban. Ni los sindicatos médicos, ni los 'urgenciólogos', ni los residentes comandados por Belén Alonso se mueven al dictado de los partidos. Ayer fue Cataluña, gobernada por el tripartito, pero mañana serán territorios regidos por los populares como Valencia, Castilla y León y hasta Madrid —en donde Armando Resino y Manuel Lamela parece que no han hecho aún todos los deberes—, los que sufran la ira médica. Todo como preludio de una gran movilización que culminará en el Paseo del Prado, si Consuelo Sánchez, Fernando Puig de la Bellacasa y Javier Rubio no meten orden en tanto caos y muestran un mayor interés por los graves problemas de la profesión.

La huelga de médicos de Barcelona ha anulado pruebas, retrasado operaciones y dañado seriamente los planes de la consejería para atajar las listas de espera. Pero, sobre todo, ha puesto en el disparadero a Marina Geli, y ha hecho saltar las alarmas en otras autonomías que mantienen cuitas pendientes con los facultativos. El temor es creciente en los feudos del PSOE y en los del PP. Y también debería existir en el ministerio. Ni Elena Salgado ni sus subordinados pueden decir que no estaban avisados, ni que no han tenido tiempo para corregir errores del pasado. Salvo en la fatídica OPE, en donde sí actuaron de forma certera, los prebostes del Paseo del Prado han dejado transcurrir la mitad de la legislatura sin resolver la afrenta MIR, las demandas de los médicos de urgencias, la fuga masiva de profesionales a otras latitudes mientras recalan en España facultativos extranjeros a precio de saldo, o las torpezas de algunos consejeros, empecinados en utilizar todas las herramientas legales a su alcance para purgar del sistema a los facultativos díscolos.

En la reunión de Barcelona del pasado día 21 de abril, los representantes médicos acordaron decir "basta". A poco que los colegios dejen de lado sus absurdas luchas intestinas, que no interesan a nadie, y sumen su apoyo, la revuelta está servida. Acertarán las mentes bienpensantes del ministerio si descartan finalmente al País Vasco como foco del conato. La mecha prendió en Barcelona, pero no quemará de momento a Gabriel Inclán. Serán otros los consejeros que sufran las consecuencias. Y el ministerio, por encima de todos ellos.